PRIMERA PARTE
En un trabajo de investigación periodística del portal “Zona Franca” de Guanajuato, se denuncia el preocupante “desplazamiento forzado” de periodistas y defensoras de derechos humanos como consecuencia del burocratismo gubernamental estatal.
A ello, es de agregarse, con cifras de finales de 2023, que Guanajuato se mantiene posicionado con el primer lugar de las entidades más violentas, en donde se han acumulado 3 mil 29 homicidios dolosos, según el compilado realizado por TResearch - líder en investigación-, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al 16 de diciembre pròximo pasado.
Consideramos que es nuestra tarea, como siempre la hemos cumplido, difundir estas informaciones que por sí mismas son denuncias públicas, con el propósito de hacer conciencia en la opinión pública nacional e internacional para que sirva como un acicate para la actuación correpondiente de las autoridades en respuestas a las mismas.
En la nota que firman las colegas, Alfonsina Ávila y Gaby Montejano, nos dan a conocer que “‘la “reubicación temporal’ es el término acuñado por la estructura gubernamental del estado de Guanajuato para referirse al desplazamiento forzado como la medida de protección máxima para un periodista o defensor de derechos humanos, que recurre a la protección del Estado cuando se sabe que está en riesgo”.
El problema -agregan-, es que la legislación local sólo atribuye al Consejo Estatal de Protección una función de evaluación y enlace de las peticiones de protección que, al ser aprobadas, se dirigen al Mecanismo Federal de Protección quien es el que define y ejecuta las medidas.
Es un camino burocrático”, nosotros agregamos que además tortuoso por ineficaz, “que mantiene a las víctimas en una incertidumbre adicional a la que ya sufren, al estar en condiciones de riesgo y vulnerabilidad”.
Además, las reporteras también denuncian que “el estado de Guanajuato no cuenta con estudios oficiales sobre el desplazamiento forzado interno que se registra como consecuencia de la violencia que la entidad padece desde 2017. Sólo desde la sociedad civil se han producido investigaciones al respecto, concretamente en el ámbito de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, además de informes realizados por instancias nacionales, pero no con datos concretos”.
“Así lo evidenció”, precisan, “la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, UPMRIP, de la Secretaría de Gobernación en el Diagnóstico de la Movilidad Humana en Guanajuato, al dedicar un capítulo a este fenómeno de forma general y en el contexto de violencia criminal que la entidad padece desde hace más de un lustro.
Por la ausencia de datos y registros oficiales sobre desplazamiento forzado interno, para esta sección se utilizan reportes, oficios e investigaciones. En este sentido, se advierte que en Guanajuato se han atestiguado situaciones de violencia y la comisión de diversos delitos de alto impacto, particularmente visibles en los municipios de León, Celaya, Irapuato y Salamanca, señala el estudio”.
“En el documento”, advirtieron que “la violencia se ha acrecentado particularmente a partir de 2017, debido a los enfrentamientos y pugnas entre grupos criminales antagónicos.
El principal motivo de disputa han sido por las rutas o puntos de trasiego de drogas, así como el mercado ilícito de venta de hidrocarburo o ‘huachicoleo’. Otros delitos asociados son el secuestro, desapariciones, tortura, el cobro de piso a comerciantes y comuneros y diversas formas de intimidación”, indica el estudio.
“Admitieron que a nivel nacional tampoco se cuenta con datos estadísticos oficiales sobre desplazamiento forzado interno. Se han desarrollado aproximaciones que miden factores relacionados con estos procesos, como es el caso de la migración interna por violencia o inseguridad”.
Siguen los datos duros “De 2015 a 2020, unas 6 mil 515 personas se han desplazado de forma interna en Guanajuato. Crédito: Serapaz. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, para el periodo 2015-2020 dejaron su lugar de residencia y se desplazaron al interior de Guanajuato o a otra entidad un total de 6 mil 515 personas, mientras que 5 mil 371 llegaron procedentes de otra entidad o se movieron a otro municipio por esta razón.
Sin embargo, dichas estimaciones no miden directamente los desplazamientos forzados, por lo que se considera la necesidad de ‘desarrollar registros e instrumentos de medición específica para conocer en todas sus vertientes la magnitud de los eventos o situaciones de desplazamiento en Guanajuato’, además de contar con ‘un marco normativo específico o instituciones que atiendan este fenómeno de manera integral y expresa”.
Como consecuencia de este reportaje-denuncia de Zona Franca, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que está abierto para dialogar con el gremio periodístico luego de los desplazamientos que se han registrado en los últimos años y agrega burocrático, sólo es cuestión de agenda. CONTINUARÁ.
Para miércoles 17 de enero de 2024
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
Concluimos con el trabajo de investigación periodística del portal “Zona Franca” de Guanajuato que denuncia el preocupante “desplazamiento forzado” de periodistas y defensoras de derechos humanos como consecuencia del burocratismo del gobierno estatal. Recuérdese que Guanajuato ocupa el deshonroso primer lugar de las entidades más violentas del país,
En nuestra tarea de difundir estas informaciones que por sí mismas son denuncias públicas, nos quedamos en que como consecuencia de este reportaje-denuncia de Zona Franca, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que está abierto para dialogar con el gremio periodístico al afirmar, burocrático, que sólo es cuestión de agenda.
“Zona Franca”, nos explica que “Guanajuato tiene su propia Ley Estatal de Víctimas, pero en el diagnóstico se advierte que contempla tangencialmente la situación del desplazamiento forzado interno, por lo que el enfoque de atención desde la Ley General de Víctimas ha mostrado ser insuficiente para la óptima atención de las personas que debieron de desplazarse, así como la falta de especificidad de la legislación para resolver las situaciones de particulares que conlleva un desplazamiento forzado interno”.
Por tanto agrega, “el papel que han tenido las instancias estatales respecto a la desaparición forzada en Guanajuato ha sido secundario. El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha actualizado planes de protección de forma discrecional y sólo hasta que la autoridad ministerial toma la decisión de reubicar temporalmente a la persona o familia en riesgo.
Esta es una de las observaciones puntuales del académico e investigador en materia de derechos humanos, Raymundo Sandoval Bautista, quien a través de la Plataforma por la Paz y la Justicia realizó el estudio ‘Desplazamiento Forzado Interno’, en el que aborda nueve casos concretos en personas buscadoras de personas desaparecidas.
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), que funge como asesoría jurídica de los casos, sirve como apoyo para las gestiones que acompañan el desplazamiento, pero ninguna autoridad se hace cargo de generar soluciones duraderas para modificar las causas estructurales que generan el desplazamiento.
En los casos de personas buscadoras y sus familias, se ha pugnado por que sean reconocidas como personas defensoras de derechos humanos, pues Sandoval Bautista resaltó que estas tuvieron que reubicarse temporalmente como producto de las amenazas y el asesinato de integrantes de sus familias.
Esta revictimización es múltiple ya que, en la mayor parte de los casos, además de la desaparición de alguno de sus integrantes, estas familias fueron víctimas directas de más de un acto de violencia extrema.
Destaca también que en Guanajuato se han asesinado a cinco personas buscadoras en los últimos tres años: Rosario Zavala, Javier Barajas, Ulises Cardona, Carmela Vázquez y Teresa Magueyal, “aunque existe información que hay una sexta persona asesinada en Pénjamo cuya identidad no se ha hecho pública y por lo tanto no se ha reconocido en los registros.
El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato se instaló el 10 de abril de 2019. A través de su Secretaría Técnica determina la idoneidad de las medidas de reubicación temporal (eufemismo utilizado para referirse al desplazamiento forzado) del domicilio para lo cual -como ya se apuntó-, turna al Mecanismo Federal de Protección estos casos para que confirme o no la implementación de la medida”.
En fin, el “desplazamiento forzado” en Guanajuato, es un problema social grave y desesperante, esperemos que la agenda del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le permita atenderlo sin dilación alguna.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal irradia noticias.com
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