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Por Ulises Rodríguez López
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, exhibió las presuntas corruptelas de jueces y magistrados relacionados a los casos contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el abogado Juan Collado y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quienes beneficiaron con sus decisiones.
Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el informe de Cero Impunidad, el subsecretario Rodríguez Bucio exhibió una seguidilla de casos en que jueces y magistrados han beneficiado a presuntos delincuentes con sus decisiones. Entre los casos, destacan los del juez que suspendió un procedimiento en contra de Emilio Lozoya, los magistrados que ordenaron la liberación del fiscal Uriel Carmona y el juez que eliminó la prisión preventiva por tercera ocasión a Juan Collado.
En el primer caso, de Emilio Lozoya, el juez Gerardo Jenaro Alarcón López, ordenó la suspensión del procedimiento que se lleva acabo en contra del exjefe petrolero por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto al incluirlo en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso Ancira. No obstante, en este caso Ancira no ha cumplido con el pago reparatorio.
“Además de que este último (Ancira) no ha cumplido con la totalidad del pago reparatorio a la paraestatal. De esta manera, Emilio ‘N’ obtiene una ventaja indebida en su proceso. Además, el juez Alarcón López sustentó la suspensión del procedimiento indebidamente a favor de Emilio ‘N’ en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y en la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro, que no es aplicable obligatoriamente a la Ciudad de México”, acusó.
Sobre el caso del fiscal morelense Uriel Carmona, quien presuntamente está implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda, los magistrados, Elisa Macrina, Álvarez, Castro, Reynaldo, Manuel Reyes, Rosas y Carlos López Cruz ordenaron la “inmediata” liberación del fiscal bajo el argumento de que “no se respeto su fuero“.
“De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, Uriel “N”, en su calidad de Fiscal General del Estado de Morelos, no aplicó el protocolo de actuación para delitos de feminicidio y declaró de manera anticipada que la muerte de Ariadna había sido ocasionada por una broncoaspiración por intoxicación alcohólica”, señaló.
En el caso de Juan Collado, quien es conocido por haber sido el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, decidió cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Collado en su proceso por defraudación fiscal. Esto, aunque no lo saca de prisión, lo beneficia por ser el tercer cargo del que se le retira la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que solo lo mantiene preso, un cargo.
El subsecretario también destacó el caso de Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México. Este juez, el pasado 7 de septiembre, otorgó una suspensión provisional para evitar la extradición a Estados Unidos a favor de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez.
Asimismo, el del juez Aníbal Castro Borbón, juez de distrito en Sonora, dictó sentencia absolutoria a favor de Isidro “N”, un generador de violencia en el Estado, quien se introdujo ilegalmente en una propiedad privada, desde la cual agredió con armas de fuego a elementos del Ejército.
Este tipo de casos en el Poder Judicial, abonan al discurso que ha mantenido el Presidente López Obrador, quien ha insistido que se necesita una reforma de fondo en el Poder Judicial. Para el mandatario federal, los jueces, magistrados y demás togados, deberían ser electos por el pueblo y no por los intereses, y así lo ha señalado en diversas ocasiones. No obstante, para poder reformar a la Corte, AMLO necesita que su propuesta sea aprobada por mayoría calificada en los congresos.
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