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Por Ulises Rodríguez López
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal dar 82 años de prisión al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en el primer proceso en su contra por los delitos contra la administración de la justicia en el Caso Iguala, de tortura y desaparición forzada.
Mediante un escrito de acusación presentado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la FGR solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte que se le den 82 años de prisión a Murillo Karam por el primer proceso en su contra relacionado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Asimismo, solicitó que le impongan al ex funcionario el pago de 20 mil días de multa, equivalentes a 1 millón 792 mil 400 pesos.
Para sustentar su petición, la FRG presentó un total de 177 datos de prueba divididos en 69 testimonios, 43 peritajes y 65 documentales. Con esto, se pretende que sea suficiente para que el Procurador peñista sea declarado culpable de los delitos antes mencionados.
La de Murillo Karam es la pena más alta que ha sido pedida por la Fiscalía, por lo sucedido en Iguala, Guerrero. Al desglosar la pena de prisión, la Fiscalía pide imponerle 10 años de cárcel por delitos contra la administración de la justicia, 12 años por tortura y 60 años por desaparición forzada.
Anteriormente, la acusación de desaparición forzada había sido conforme al Código Penal Federal que estaba vigente cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, dicho Código establecía una pena máxima de 40 años de prisión por este delito. No obstante, en esta ocasión se pidió procesar a Murillo Karam conforme a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP), vigente desde el 18 de noviembre de 2017, que establece una pena máxima de 60 años.
Esta modificación de la Fiscalía responde a que en enero pasado, el Décimo Tribunal Colegiado Penal en la CDMX determinó que, conforme a la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Rosendo Radilla, no hay aplicación retroactiva de la norma para castigar la desaparición de personas. Es decir, que el delito de desaparición continúa hasta que aparezcan las víctimas, en este caso, los 43 estudiantes desaparecidos.
En esta causa penal, al ex Procurador lo acusan de ser el autor intelectual de la llamada “verdad histórica“. Ya que, supuestamente en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
MÉXICO, D.F., 24JUNIO2015.- Luis VIdegaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, José Reyes Baeza Terrazas, director general de FOVISSSTE, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Alejandro Murat Hinojosa, director general del INFONAVIT y Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, durante la presentación de “La Inversión Inmobiliaria: Confianza en el Crecimiento de México”.
Cabe mencionar que esta pena sería solo para el primer proceso en contra de Murillo Karam, ya que desde el año pasado, se inició un segundo proceso contra el exfuncionario. En abril pasado, otro juez inició el segundo proceso a Murillo por el caso de las presuntas torturas a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, supuesto sicario de Guerreros Unidos implicado en la desaparición los normalistas de Ayotzinapa.
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